La firma Cremades & Calvo-Sotelo abrirá un cauce para recibir denuncias, revisará los procedimientos jurídicos y ofrecerá su colaboración a las autoridades
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| Foto: De San Bernardo |
La Conferencia
Episcopal Española (CEE) ha anunciado este lunes que ha encargado a la
firma Cremades & Calvo-Sotelo la realización de una auditoría independiente
sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España.
Este despacho,
según ha informado la propia CEE, «abrirá un cauce independiente para recibir
eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a
sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades
para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que
satisfaga las demandas sociales al respecto».
Este nuevo
mecanismo será presentado este martes en rueda de prensa por el presidente de
la CEE y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y por el presidente
de Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades.
La decisión de
realizar la auditoría llega después de semanas de debate público sobre la
pertinencia o no de una comisión de investigación a raíz de la propuesta de
varios grupos en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Gobierno es
partidario de que sea el Defensor del Pueblo el que lidere la investigación de
los casos.
Dentro de la
Iglesia, han sido varios los obispos los que no ven con malos ojos que se pueda
hacer una revisión de estos crímenes en las últimas décadas. El arzobispo de
Madrid, cardenal Carlos Osoro, confesó en una entrevista en El Confidencial que no tiene
«inconveniente» en que se cree una comisión independiente de investigación,
siempre «que se haga desde la verdad y en todos los ámbitos».
El arzobispo de
Burgos, Mario Iceta, sostiene que «una eventual investigación encargada a
instancias solventes, prestigiosas y veraces» se revela como «necesaria».
Por su parte,
el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, afirma que es el poder judicial el
que debe investigar y sentenciar ante un delito, aunque valora la propuesta de
un informe dirigido por el Defensor del Pueblo como «una medida de
transparencia y justicia».
Fran Otero
Fuente: Alfa y
Omega
