Incluir la eutanasia, como derecho, en la cartera
sanitaria iniciaría un «camino devastador» de consecuencias «difíciles de
prever», afirma en su último informe el Comité de Bioética, adscrito al
Gobierno
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| Foto: AFP / Alberto Pizzoli |
La
alternativa es universalizar los cuidados paliativos y el apoyo sociosanitario
y establecer protocolos claros sobre sedación.
El Comité de Bioética de España, órgano consultivo adscrito al Ministerio
de Sanidad, ha rechazado por unanimidad considerar a la eutanasia, cuya ley se
está tramitando en el Congreso de los Diputados, como un «derecho subjetivo» y,
por tanto, incluirla como una prestación pública más.
Así lo ha señalado en el Informe sobre el final de la
vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la
regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación,
firmado el pasado de 30 de septiembre por los doce miembros del organismo.
El objetivo del trabajo es ofrecer una «reflexión» sobre un tema «tan
complejo» como el debate de la eutanasia, especialmente en un escenario marcado
por la pandemia de la COVID-19. Esta crisis ha evidenciado, a juicio de los
miembros del Comité de Bioética, la necesidad y la «urgencia» de implementar
una «verdadera sociedad del cuidado», que se haga cargo de la «vulnerabilidad»
de la condición humana y de la importancia de incorporar a las personas mayores
en la agenda política desde «otra reivindicación mucho más humana».
«Camino
devastador»
Así, y a lo largo de 74 páginas, avisa de que legalizar la eutanasia supone
iniciar un «camino devastador» de la protección a la vida humana, cuyas
fronteras son «harto difíciles de prever». Además, considera que este acto no
es un signo de progreso, sino que es un «retroceso de la civilización», debido
a que en el contexto actual el valor de la vida de las personas se suele
condicionar a criterios de utilidad, social, interés económico,
responsabilidades familiares y cargas o gasto público.
Por tanto, el Comité de Bioética asegura que la legalización de la muerte
temprana agregaría «un nuevo conjunto de problemas». Además, recuerda que el
derecho a la vida está regulado en el artículo 15 de la Constitución y que la
petición de una persona de la eutanasia ya está recogida en el Código Penal, lo
que explica que en España el ingreso en prisión por actos eutanásicos «sea algo
no solo insólito, sino desconocido en las últimas décadas».
Protocolizar
la sedación
Por todo ello, el Comité propone la protocolización, en el contexto de la
buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos
específicos de sufrimiento existencial refractario. Ello, junto a la efectiva
universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos
de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad
mental y la discapacidad, debieran constituir, a su entender, el camino a
emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la
propia vida a través de una prestación pública.
«Todo esto, además, cobra aún más sentido tras los terribles
acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros
mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una
vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna», argumentan.
«Responder con la eutanasia a la deuda que
nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos
no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad
y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional», zanjan los autores en su
informe.
162
juristas: «Una grave amenaza»
En el mismo sentido se han pronunciado 162 catedráticos, profesores de
Derecho y juristas, que el miércoles firmaron una declaración pública pidiendo
al Congreso la paralización del proyecto. Según informa EFE, consideran que la
legalización de esta práctica constituye «una grave amenaza» a la seguridad de
los mayores y enfermos que, además, «son los más perjudicados por la actual
pandemia».
Coincidiendo con la celebración este sábado del Día Internacional de los
Cuidados Paliativos, los juristas –encabezado por el catedrático y profesor
emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid José Luis
Martínez López-Muñiz– señalan que lo ocurrido en los meses transcurridos de la
actual pandemia «ha evidenciado aún más especialmente el deber de volcar más
bien el mayor empeño en el cuidado y atención de los mayores y enfermos graves,
y de velar, sin restricción alguna, por su vida».
«Contraria
a los derechos más fundamentales»
Para los firmantes, el proyecto de ley de eutanasia «es contrario a la
dignidad de la persona y a los derechos más fundamentales que le son
inherentes. Unos derechos que están garantizados por la Constitución y los
derechos humanos». En concreto, afirman que contraviene los artículos 10, 14,
15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución «que protegen la dignidad de la persona y
sus derechos irrenunciables a la igualdad y no discriminación, a la
conservación de la propia vida y a la protección de la salud aun cuando pueda
encontrarse reducida, y especialmente cuando se trata de disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos o de ciudadanos en su tercera edad».
La proposición de Ley fue tomada en consideración el 17 de febrero de 2020
por el Pleno del Congreso de los Diputados. El 10 de septiembre la Cámara
Baja rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.
Voces
en contra
El Comité de Bioética de España y los juristas encabezados por Martínez
López-Muñiz se suman así a un amplio coro de voces que se han opuesto a la
aprobación de este proyecto, como la Conferencia Episcopal Española,
más de 100 personalidades de la sociedad española a través
de la Plataforma Los 7.000, o la Asociación Española de Bioética.
En las últimas semanas, además, la Congregación para la Doctrina
de la Fe de la Santa Sede publicó Samaritanus bonus, sobre
el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. En el
documento se afirmaba que «la eutanasia es un acto intrínsecamente malo, en
toda ocasión y circunstancia». Del mismo modo, «ayudar al suicida es una
colaboración indebida a un acto ilícito». Esta valoración no cambia «aunque en
casos de ese género la responsabilidad personal pueda estar disminuida o
incluso no existir». La defensa de la dignidad en el morir excluye tanto estas
prácticas como el «ensañamiento terapéutico».
Fuente: Alfa y Omega
