Lo
afirmó Monseñor Joseph Grech, de la Misión Permanente de la Santa Sede ante las
Organizaciones internacionales en Viena
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Todo
sistema normativo debe garantizar que no se violen los derechos de las víctimas
y ofrecerles toda la asistencia necesaria, vigilando al mismo tiempo la
aplicación de las leyes contra la trata de personas: lo afirmó Monseñor Joseph
Grech, de la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Organizaciones
internacionales en Viena, interviniendo en la 20th Alliance against Trafficking
in Persons.
Es
una de las actividades ilegales más lucrativas del mundo, pero también una en
la que la tasa de impunidad es todavía muy, muy alta: el tráfico de seres
humanos cuenta hoy en día con alrededor de 40 millones de víctimas. La mayoría
son mujeres, pero también hombres y cada vez más niños y niñas, tratados por
las redes delictivas como moneda de cambio y reducidos a una semiesclavitud
para la explotación sexual y laboral, la mendicidad, los matrimonios precoces,
las adopciones ilegales e incluso la extracción de órganos. Una actividad que a
menudo queda impune: por cada 2.154 víctimas, se condena sólo a un traficante
de seres humanos, a pesar del creciente compromiso de las instituciones
nacionales e internacionales y de las ONG para combatir el fenómeno.
El
relanzamiento de los esfuerzos para poner fin a la impunidad, garantizar la
justicia para las víctimas, protegerlas y asegurar el respeto efectivo de sus
derechos humanos fundamentales fue el objetivo de la 20th Alliance against
Trafficking in Persons (20ª Alianza contra la Trata de Personas), una
plataforma para la defensa y la cooperación contra la trata que reúne a
organizaciones internacionales y de la sociedad civil. El evento, titulado
"Poner fin a la impunidad: hacer respetar la justicia persiguiendo la
trata de seres humanos", tuvo lugar del 20 al 22 de julio en Viena y fue
organizado en cooperación con la OSCE, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa. Monseñor Joseph Grech, en nombre de la Misión Permanente
de la Santa Sede ante las Organizaciones Internacionales en Viena, participó en
los trabajos e intervino en cuatro grupos de debate.
La
desconcertante discrepancia entre el elevado número de víctimas y el escaso
número de procesos y condenas por tráfico de seres humanos plantea el
interrogante de la aplicación efectiva de las medidas que los Estados se han
comprometido a adoptar para combatir el fenómeno, observó el obispo maltés en
el primero de sus discursos: " No obstante los esfuerzos de la comunidad
internacional, los recursos son escasos, principalmente a causa de las
continuas crisis económicas y la inestabilidad sociopolítica de muchos
Estados". Además -añadió- la financiación inadecuada de los sistemas
judiciales nacionales alienta a centrarse en los resultados inmediatos, pero de
alcance limitado, en vez de en la captura y condena de los "peces
gordos", para los que se necesitan más tiempo y recursos, pero que podrían
marcar una verdadera diferencia en la lucha contra este flagelo. La
consecuencia - subrayó- es que de esta manera se perpetúa la impunidad de los
traficantes de personas.
Además,
subsiste el problema de fondo del acceso de las víctimas a la justicia y a la
garantía de sus derechos fundamentales: personas vulnerables que se han vuelto
aún más frágiles -como subrayó el Papa Francisco- por un sistema económico
dominado por los intereses del capital especulativo mundial y ahora también por
la pandemia de Covid-19. Para estas personas - remarcó el delegado pontificio -
los sistemas judiciales están llamados a garantizar un trato justo, pero
también un apoyo concreto durante los procedimientos.
Para
combatir eficazmente las grandes organizaciones criminales internacionales que
gestionan la trata -subrayó Monseñor Grech en el segundo panel de debate- es
más urgente que nunca una mayor coordinación intergubernamental y, por lo
tanto, el intercambio de más información y datos entre las fuerzas policiales
de los distintos Estados, en particular a través de organismos como la Interpol
y la Europol. También es esencial asegurar la independencia efectiva de los
sistemas judiciales. No menos importante -añadió- es el apoyo de los medios de
comunicación, que pueden promover campañas para concienciar a los políticos y
al público.
La
obtención de justicia para las víctimas no debe ser el único objetivo de los
procedimientos judiciales contra los responsables, precisó el representante de
la Santa Sede en su tercera intervención. Es necesario garantizar sus derechos
humanos antes, durante y después de los juicios, permitiéndoles así dar
testimonio contra sus verdugos en condiciones de seguridad, incluso mediante
entrevistas pregrabadas o mediante la representación de terceros, para
garantizar una reparación adecuada y ofrecer oportunidades para su plena
reintegración social.
En
su discurso conclusivo, Monseñor Grech reiteró las directrices fundamentales de
la Santa Sede en la lucha contra la trata. Empezando por el respeto de los
derechos humanos y la dignidad de la persona, que - afirmó - no debe servir
sólo para limitar los árbitros y los excesos del uso de la fuerza pública en
los Estados, sino que "debe servir de criterio guía para perseguir y
castigar aquellas acciones que representen el más grave atentado contra la
dignidad y la integridad de toda persona humana". En este sentido, la
Santa Sede apoya firmemente el compromiso de la Alianza contra la Trata de
Seres Humanos de crear un sistema legislativo que se concentre principalmente
en las personas y defienda sus derechos inalienables y libertades
fundamentales. "Todo sistema debe garantizar que no se violen los derechos
de las víctimas y ofrecerles toda la asistencia necesaria, vigilando al mismo
tiempo la aplicación de las leyes contra la trata de personas", concluyó
el Representante Pontificio.
Liza
Zengarini – Ciudad del Vaticano
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