Escuelas
Católicas de Madrid denuncia en su asamblea general «una política que busca más
el enfrentamiento y la exclusión, que la paz y la cohesión», y que hace de la
educación «un rentable campo de batalla»
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| Foto: Guillermo Navarro |
«¡Basta ya!» ha exigido Rosario Cardo,
vicepresidenta de Escuelas Católicas de Madrid, durante la asamblea de
titulares y directores ECM que ha tenido lugar en Madrid este jueves, al hilo
de los pasos que se están dando desde el Gobierno en relación a la enseñanza
concertada.
De este modo,
Escuelas Católicas ha manifestado su preocupación ante la inminente reforma
educativa prevista por el Gobierno, que sitúa a la escuela concertada «en la
exclusión y subordinación respecto a la escuela pública», según Cardo.
«La escuela concertada no es una coyuntura; es una
estructura de pluralidad y libertad que permite la equidad e igualdad de
oportunidades, al facilitar que las familias puedan elegir modelo y centro
educativo sin que su situación socioeconómica suponga una limitación para
ello», ha defendido también la vicepresidenta de ECM.
En su intervención, Rocío Albert, viceconsejera de
Educación de Madrid, también ha expresado su preocupación ante la nueva ley de
educación, ya que la ministra Isabel Celáa «parece no haber recogido nuestras
peticiones sobre libertad educativa».
Por su parte, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, ha explicado los esfuerzos que se están llevando a cabo desde su plataforma para conseguir que el Gobierno admita ciertas modificaciones a través de enmiendas, pero ha alertado de que «la tendencia es suprimir la demanda social».
Una enseñanza
infrafinanciada
Mientras, en
Cataluña, esta semana se ha hecho público el decreto de planificación de la
oferta educativa y admisión de alumnado, que contempla apartar a la escuela
concertada de la organización de las plazas escolares y dejar el proceso en
manos de la Administración autonómica y local. Paradójicamente, la Generalitat
ha reconocido en dicho decreto que la escuela concertada en Cataluña está
infrafinanciada y calcula en 145 millones el dinero extra necesario para su
gratuidad.
En esta misma línea, según informa ABC, el Gobierno
catalán agilizará la tramitación de un segundo decreto que limita aún más la
escuela concertada, ya que regula, entre otras cosas, las condiciones para
acceder al concierto y los requisitos para renovarlo.
De este modo, el
consejero Josep Bargalló, de ERC, pretende dejar sin subvención pública a los
centros que cobran cuotas excesivas a las familias o no cumplen con las
necesidades de escolarización fijadas en la programación de la oferta
educativa.
Fuente: Alfa y Omega
