Esta ley es como “un corredor de la muerte voluntario que se pretende
introducir en la sociedad española de manera artificiosa”
El
PSOE registró el pasado jueves 3 de mayo una proposición de ley en el Congreso
de los Diputados para despenalizar la eutanasia y que se aplique en hospitales
públicos y privados, y sea costeada por el Estado.
Ante
esta propuesta de ley, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, P.
José María Gil Tamayo, señaló que se trata de “un monumento a la insolidaridad
y al descarte humano, que promueve además un falso derecho”.
También
ha calificado esta ley como “un corredor de la muerte voluntario que se pretende
introducir en la sociedad española de manera artificiosa”.
“No
hay derecho a esta terrible indefensión, a la legalización del suicidio en
España, que es lo que es esta ley”, precisó.
El
sacerdote señaló que las personas que están en situación “de debilidad absoluta
por enfermedad”, deben ser ayudadas “con los mejores cuidados paliativos,
acordes a la inalienable realidad de la persona, que es su derecho a la vida”.
En
el último tiempo de su vida se le deben procurar “los cuidados de su familia y
la atención sanitaria conforme a su dignidad”, expresó.
La
proposición de ley presentada por el PSOE también incluye que el paciente al
que se le practicaría la eutanasia no tiene por qué estar en sus últimos días,
sino cuando la persona “considere que tiene un sufrimiento que le resulte
intolerable e insoportable” y la enfermedad “no tiene tratamiento y no es
reversible”.
El
protocolo desde la petición de la eutanasia hasta su aplicación tardaría un
tiempo mínimo de 32 días, en los que un médico informaría al paciente y
evaluaría el caso en una comisión específica de control.
La
decisión de recibir la eutanasia puede ser revocada en cualquier momento del
proceso de manera voluntaria, y los menores quedarían fuera de la aplicación de
esta posible ley.
Actualmente,
según el Código Penal español se castiga con 4 a 8 años de cárcel a quien
induzca al suicidio a otra persona; de 2 a 5 años a quien coopere con actos
necesarios y entre 6 y 10 años si la cooperación llega a ejecutar la muerte.
Fuente: ACI
