El párroco
asegura que el ayuntamiento no ha esperado a que los tribunales se pronuncien
sobre la titularidad del Monumento de los Caídos
Este lunes, a las 4 de la madrugada, el
ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) retiró la cruz del Monumento de
los Caídos, propiedad de la parroquia de San Martín de Obispo, con un fuerte
dispositivo de seguridad: más de 60 guardias civiles y agentes locales
vigilaron mientras los operarios del ayuntamiento procedían a la retirada
de la cruz. Se personaron sin previo aviso en la plaza de la Iglesia y
retiraron el monumento denominado “Cruz de los Caídos”.
Dos jóvenes, que en esos momentos
mostraron su oposición a la retirada de la cruz, fueron detenidos.
La parroquia ha expresado a
Religión Confidencial que la retirada “supone un manifiesto daño en los
derechos de la parroquia y de los feligreses que han defendido el patrimonio de
la Iglesia, invadiendo el suelo parroquial, y sin haberse delimitado en los
tribunales el dominio público al que afectaba la actuación”.
Sin previo aviso
“Se está dilucidando en los
tribunales la titularidad del bien afectado (la cruz) y el ayuntamiento no ha esperado
al pronunciamiento judicial movido por intereses políticos”, han expresado
desde la parroquia.
En Callosa de Segura,
población alicantina de 18.500 habitantes, gobierna un tripartito de izquierdas
– PSOE, Izquierda Unida y la marca local de Podemos -, que había tomado la
decisión de retirar la cruz. Las protestas de los vecinos han sido constantes
estos meses, y han constituido la Plataforma en Defensa de la Cruz.
Desde la parroquia destacan
que la retirada “no ha sido objeto de comunicación formal previa a la parroquia
mediante escrito del ayuntamiento en que se hiciese constar de manera
específica el día y la hora de la intervención, los medios materiales, el
personal asignado y cuanto permitiera tomar medidas para ejercer los derechos o
tomar las cautelas para evitar posibles daños a los bienes”.
“Tampoco se ha comunicado a la parroquia el destino de la cruz
y el
lugar donde se depositará, por lo que continuará la labor de defensa de sus
derechos patrimoniales hasta las últimas instancias judiciales que procedan”,
subrayaron ayer desde la parroquia.
Respeto a los tribunales
Tanto la parroquia como el
obispado de Orihuela-Alicante han esgrimido ante los tribunales sus argumentos
sobre el derecho de propiedad, “estando pendiente aún de pronunciamiento los
tribunales de la jurisdicción ordinaria que determinen la propiedad y el
alcance de los derechos sobre la cruz y la plaza de la Iglesia”, y está
pendiente de resolución “la posible vulneración de derechos fundamentales y una
investigación en el ámbito penal”.
Desde la parroquia han
expresado “el absoluto rechazo hacia toda forma de violencia física, verbal o
de cualquier tipo como modo de actuación en la resolución de posibles
malentendidos”, y defienden “el diálogo abierto y sincero en el
respeto a todos, incluso hacia aquellos con los que no
compartimos las mismas sensibilidades religiosas y en un clima de cordial
amistad y caridad fraterna”.
Por su parte, La Justicia de
ahora la razón a la Plataforma por la defensa de la Cruz, representada en los
tribunales por Abogados Cristianos, y paraliza la retirada de lo que queda de
la Cruz de Callosa de Segura.
Comunicado de prensa íntegro
La Parroquia de San Martín
Obispo de Callosa de Segura quiere hacer público, como titular de la propiedad
de la Plaza de la Iglesia y del Monumento de la Cruz de los Caídos, el
siguiente comunicado:
1.
En la madrugada del día de hoy, 29 de enero, concretamente, sobre
las 04.00 horas, un dispositivo policial y operarios enviados por el Ayuntamiento,
se han personado sin previo aviso en la Plaza de la Iglesia y han procedido por
medios mecánicos, a la ocupación y retirada del Monumento denominado Cruz de
los Caídos.
2.
La actuación municipal se ha llevado a cabo obviando el derecho de
propiedad privada, de tal forma que sin haberse delimitado por los Tribunales
el dominio público al que afectaba la actuación, y sin haber convenido con la
Parroquia la afectación del inmueble, se ha procedido al traslado de la Cruz
invadiendo el suelo propiedad de la Parroquia generando un manifiesto daño en
sus derechos y en los de aquellos feligreses que han defendido el patrimonio de
la Iglesia.
3.
Además, el Ayuntamiento es conocedor y parte en los procedimientos
judiciales abiertos que aún están pendientes de resolución. Con su actuación
consideramos que el Consistorio ha ejecutado un acto que está siendo objeto de
discusión ante los Tribunales y en los que, precisamente se está discutiendo la
titularidad del bien que afecta a tal acto administrativo, de modo, que la
competencia para apreciar su procedencia y la ponderación de los intereses en
conflicto, se desplaza al juzgado o tribunal correspondiente que está tratando
el asunto y no al Ayuntamiento que, de un modo unilateral, ha decidido obrar
sin esperar al pronunciamiento judicial movido por presiones e intereses
políticos.
4.
Por otro lado, esta actuación no ha sido objeto de comunicación
formal previa a la Parroquia mediante escrito del Ayuntamiento en el que se
hiciese constar de manera específica el día y hora de la intervención, los
medios materiales que se iban a utilizar, el personal asignado y, en
definitiva, datos precisos que permitiesen a la misma tomar las oportunas
medidas para ejercer sus derechos o, al menos, tomar las cautelas adecuadas
para evitar posibles daños a sus bienes. Tan solo se le comunicó al párroco por
escrito, la ocupación de la Plaza de la Iglesia con motivo de la realización de
obras en la misma, sin ningún otro tipo de especificación. Tampoco el
Ayuntamiento ha notificado a la Parroquia el destino de la Cruz y el lugar
donde se depositará, por lo que continuará la labor de defensa de sus derechos
patrimoniales hasta las últimas instancias judiciales que procedan.
5.
Tanto la Parroquia de San Martín Obispo, sobre la que recae la
responsabilidad en cuanto persona jurídica sobre este asunto, como el Obispado
de Orihuela-Alicante, han articulado todos los medios legamente procedentes en
amparo de su derecho de propiedad y la de sus feligreses, estando pendiente aún
de pronunciamiento los Tribunales de la jurisdicción ordinaria que determinen
la propiedad y el alcance de los derechos sobre la Cruz y la Plaza de la
Iglesia. Además, sigue pendiente un proceso de posible vulneración de derechos
fundamentales y una investigación en el ámbito penal, sin conocerse aún el
resultado de todas estas actuaciones, por lo que entendemos que el Ayuntamiento
ha actuado por la vía de hecho, vulnerando los más elementales principios de prudencia
y seguridad jurídica.
6.
Como en comunicados anteriores hemos manifestado, tanto la
comunidad parroquial como el Obispado, agradecemos de todo corazón la oración y
el apoyo tanto personal como colectivo, del gran número de feligreses y vecinos
que se han implicado para ayudar con sano y verdadero espíritu cívico y
cristiano, a la resolución de cualquier conflicto. También, como fieles
cristianos queremos dejar constancia de nuestro absoluto rechazo hacia toda
forma de violencia física, verbal o de cualquier tipo como modo de actuación en
la resolución de posibles malentendidos. Al contrario, abogamos siempre y de
manera decidida por el diálogo abierto y sincero en el respeto a todos, incluso
hacia aquellos con los que no compartimos las mismas sensibilidades religiosas
y en un clima de cordial amistad y caridad fraterna.
7.
Para finalizar, volvemos a declarar vivamente nuestro deseo de
seguir en cordial diálogo con las autoridades municipales. Seguimos trabajando
unidos en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para todos.
Juan Bautista Samper Sellés,
cura párroco. Callosa de Segura, 29 de enero de 2018.
Fuente: ReligionConfidencial
