El Comité de Bioética de España es un órgano consultivo y de carácter
independiente fue constituido en 2008 y está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El
Comité de Bioética de España ha elaborado un informe sobre la maternidad subrogada
en el que solicita «a nivel internacional un marco común regulatorio que
prohíba la celebración de contratos de gestión, en garantía de la dignidad de
la mujer y del niño».
También reclama
«dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera
que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que
podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar
a las agencias que se dedicaran a esta actividad».
Transición segura
En
todo caso, pide asegurar «una transición segura» que evite que queden
desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad
subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios
españoles. Para ello, considera que puede garantizarse que su filiación en el
extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal
Supremo.
El
informe, elaborado a iniciativa del propio Comité, se ha llevado a cabo «dada
la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión
pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de regular o, al
menos, dotar de legalidad, a los contratos de maternidad subrogada», con el
ánimo de ofrecer criterios para orientar una posible legislación.
El
Comité de Bioética de España es un órgano consultivo y de carácter
independiente fue constituido en 2008 y está adscrito al Ministero de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Su misión es la de «emitir informes, propuestas
y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico
sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la
Biomedicina y Ciencias de la Salud».
Ilegales en España, se
buscan «vientres de alquiler» en otros países
El
documento añade que, aunque no es un fenómeno nuevo (ya que los primeros casos
tuvieron lugar hace más de 40 años), en los últimos tiempos esta práctica se ha
extendido y se ha internacionalizado. Por ello, el informe se estructura en torno
a tres cuestiones: la práctica de la gestación subrogada y sus distintas
modalidades; las cuestiones éticas y la perspectiva jurídica, pues ante las
diferentes legislaciones, aboga por promover un acuerdo a nivel internacional.
El
informe analiza dos de los principales problemas jurídicos que se plantean
en España. El primero está relacionado con el hecho de que la maternidad
subrogada sea contraria a la ley nacional aunque, no obstante, muchos
españoles consiguen ser padres recurriendo a ella en otros países donde es
legal.
El
otro problema, prosigue el informe, tiene que ver con que existe una nueva
vida humana por cuyo interés el Derecho tiene que velar.
Para
el Comité de Bioética, un aspecto esencial consiste en reconocerle una
filiación legal por lo que se pregunta si se debe reconocer a los padres
comitentes la filiación legal del hijo concebido por encargo, aunque se
reconozca la ilegalidad del proceso, o si es más coherente no reconocerla para
desincentivar que sea un medio de conseguir lo que legalmente está prohibido.
En
el informe se exponen los principios y razones que el Comité considera
fundamentales a la hora de sustentar una posición coherente sobre esta
práctica, abordándose el dilema de si la legislación española vigente debería
reformarse para permitir la maternidad subrogada en determinadas condiciones o
debería mantenerse tal como está y adoptar medidas para reforzar su eficacia.
Explotación de la mujer
y daño al menor
Los
autores del informe señalan que, si bien el deseo de una persona de tener un
hijo constituye una noble decisión, ello no puede realizarse a costa de los
derechos de otras personas. Así, detallan que la mayoría del Comité de Bioética
entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o
altruista, «entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses
superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio».
Otros
miembros del Comité, revela el texto, aunque aceptan que esta práctica podría
regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la
garantía de los derechos e intereses de los otros, no alcanzan a ver la fórmula
de hacerlo en el contexto actual.
En
este sentido, indican que las propuestas regulatorias que se manejan y
las experiencias de otros países son «claramente deficientes» en la
tutela de la dignidad y derechos de la gestante y del menor.
En
su documento, el Comité afirma que es consciente de que quedan temas concretos
sin abordar pero precisa que no ha tratado de ofrecer una respuesta exhaustiva
a cada una de las preguntas que se suscitan, sino, prioritariamente, clarificar
los términos del debate y exponer el resultado de sus reflexiones y
deliberaciones.
Fuente:
RTVE/InfoCatólica
