Respuesta al cardenal Cañizares
El gobierno autonómico de Valencia no tolerará
ninguna posible insumisión católica ante la ley de la transexualidad que ya se
encuentra en las Corts y que será aprobada esta primavera.
La Generalidad
advirtió ayer al cardenal Antonio Cañizares que sancionará a los colegios
católicos si no aplican la Ley integral del reconocimiento del derecho a la
identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana.
Después de que el cardenal y arzobispo de Valencia haya pedido a los
políticos que «repiensen» la norma y haya proclamado que «adoctrinar
a los niños en ideología de género es una maldad», el director general de
Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, aseguró al periódico Levante que no
habrá cambios en la ley por parte del Consell o de los partidos que lo
sostienen en su actual tramitación parlamentaria. Y añadió: «Hasta ahora, el
protocolo atañe a los centros educativos públicos. Cuando se apruebe la ley,
todos los centros educativos, concertados o privados, estarán obligados a
cumplir la norma. Si no, evidentemente, se sancionará al centro por no cumplir
la ley», asegura el alto cargo de la conselleria que ha impulsado el
proyecto legislativo.
La ley recoge un apartado de sanciones que van de los 200 a los 3.000 euros
de las multas leves, hasta los entre 20.000 y 45.000 euros de las infracciones
muy graves. Además, el proyecto legal permite «sanciones accesorias» que
podrían afectar a los colegios concertados como la prohibición de acceder a
cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periodo de entre uno y
tres años. También contempla la inhabilitación temporal de hasta tres
años para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de
servicios públicos. Asimismo, se prevé la prohibición de contratar con la
Generalidad o sus entes públicos durante uno a tres años si se vulnera de forma
grave la ley de transexualidad.
Entre los supuestos de infracción grave que recoge la ley figura la
realización de actos que impliquen «aislamiento, rechazo o menosprecio público
y notorio de personas por causa de identidad o expresión de género». También se
penará «la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de la
Comunitat Valenciana de libros de texto y materiales didácticos que
presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en
función de su identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por
este motivo».
En el artículo escrito por Cañizares para el semanario Paraula. el cardenal
insta a «actuar» y «no cruzarse de brazos» ante una ley que aboca a «la
destrucción de la familia». También alude a la «objeción y libertad de
conciencia» y pide a padres, asociaciones relacionadas con la familia,
comunicadores, periodistas y educadores que se comprometan en esta causa. «No
les hagamos el juego», arenga.
El proyecto de ley, que ha recibido un
millar de alegaciones de grupos católicos, obliga a
todos los centros educativos (púbicos y privados) a respetar el nombre y el
género que decida un alumno en su documentación escolar: listas de clase,
tablones, etc. También exige dejar entrar en los vestuarios y lavabos que
elija un alumno en función de la «identidad de género manifestada», y
permitirle llevar a clase la ropa con la que se identifique. El Consell
Jurídic Consultiu, en su informe al proyecto de ley, puso un reparo a este
aspecto por considerar que invadía la autonomía de los centros educativos
de titularidad privada a la hora de fijar su ideario. El Consell desoyó esa
observación no vinculante que el Jurídic Consultiu elevó a categoría de
«esencial».
Fuente: InfoCatólica
