El fin de la legislatura con la convocatoria electoral también suma incertidumbre sobre algunos otros asuntos que afectan a la Iglesia Católica
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Una bandera de España con el Sagrado Corazón de Jesús. | Crédito: Claudio Divizia / Shutterstock. |
La convocatoria
adelantada de elecciones generales en España, anunciada el lunes para el
próximo 27 de noviembre, conlleva la disolución de decenas de iniciativas
legales, entre las cuales se encuentran varias que eran vistas con preocupación
por la Iglesia Católica.
Entre estos
proyectos se encontraban iniciativas del Gobierno y propuestas de diferentes
grupos parlamentarios, que se encontraban en diferentes fases del proceso
legislativo.
Penalización
de las llamadas “terapias de conversión”
Una de las
iniciativas que se encontraba a punto de ser aprobada es la que pretendía la prohibición
de las llamadas “terapias de conversión”, después de que en enero de
2025 el Gobierno iniciara
una investigación contra varias diócesis españolas por este motivo.
La proposición
de ley impulsada por el Partido Socialista Obrero Español se encontraba ya en
su fase final de tramitación en el Senado, a la espera del debate de las
últimas enmiendas. En ella se preveían penas de hasta 2 años de prisión.
La Iglesia
Católica ha defendido la posibilidad de realizar
un acompañamiento espiritual a quien de forma libre pida ayuda,
rechazando tanto las llamadas “terapias de conversión” como las de
reafirmación.
Blindar el
aborto como un “derecho”
En abril de
2026 el Gobierno envió al Congreso un proyecto para blindar
el aborto como un “derecho” de la mujer, reformando el artículo 43 de
la Constitución Española, añadiendo un nuevo apartado: “Los poderes públicos
garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción
voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas
prestaciones y servicios sean necesarias”.
Los obispos
españoles habían advertido que “el aborto nunca puede constituir un
derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana”.
Acortar
plazos eutanasia
La lucha legal
emprendida por el padre de Noelia
Castillo, una joven con discapacidad y víctima de violación, según
denunció su madre, comenzó después de que ella solicitara la eutanasia en abril
de 2024. La petición finalmente fue ejecutada en marzo de 2026, tras un largo
proceso judicial.
El Parlamento
de Cataluña propuso que cualquier trámite legal o administrativo relativo a la
eutanasia se acortase al plazo de un mes. En junio de 2026, esta propuesta fue
tomada en consideración por el Congreso, pero se encontraba en una fase muy
inicial de su tramitación.
Quitar el
delito de ofensas a los sentimientos religiosos
En enero de
2025, en PSOE registró una propuesta para eliminar
el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos recogido en el
artículo 525 del Código Penal y que castiga con multa a quien “para ofender los
sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de
palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas,
creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los
profesan o practican”.
Tanto católicos
como cristianos de diversas denominaciones, judíos y musulmanes se opusieron a
esta iniciativa en un comunicado
conjunto.
Eliminar la
asignatura de Religión en la escuela
Los grupos
parlamentarios de SUMAR y Compromís registraron en marzo de 2026 una
Proposición No de Ley (PNL) que pretendía expulsar del horario lectivo la
asignatura de Religión, que debe ser de oferta obligatoria y elección optativa,
según los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede.
La PNL fue
registrada el 3 de marzo de 2026, pero no llegó a ser debatida ni votada en la
Comisión de Educación del Congreso.
Otros
asuntos pendientes
El fin de la
legislatura con la convocatoria electoral también suma incertidumbre sobre
algunos otros asuntos que afectan a la Iglesia Católica, en asunto de especial
sensiblidad.
Por un lado, en
noviembre de 2026 se debía proponer a las Cortes Generales la elección de un
nuevo Defensor del Pueblo, toda vez que el mandato de 5 años de Ángel Gabilondo
expira en esa fecha.
Se trata de un
puesto clave en las actuales relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica
dado el acuerdo suscrito para la reparación de víctimas de abusos, cuyo
protocolo de aplicación tiene vigencia hasta abril de 2027.
Asimismo, la
Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 determinó la necesidad de dotar al
Valle de los Caídos de un nuevo marco jurídico y puso en marcha un polémico
proceso de “resignificación” que ahora queda a expensas de la conformación del
nuevo Ejecutivo.
Por Nicolás de
Cárdenas
Fuente: ACI Prensa
