Los hogares más vulnerables dedican el 80 % de su presupuesto a vivienda y alimentación
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| Informe de la Fundación FOESSA. Foto: Cáritas |
El trabajo incorpora un nuevo dato
para medir la pobreza y la vulnerabilidad de un hogar, el Presupuesto de
Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas. «Es —ha explicado Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA—
el presupuesto mínimo que necesita una familia para vivir con dignidad en un
contexto concreto. Se adapta a las características específicas de cada tipo de
hogar».
Por tanto, el indicador no mide solo
el acceso a alimentación, sino también a otros bienes como la vivienda, los
suministros o el equipamiento y a gastos educativos, sanitarios y de ocio,
entre otros. Así, a modo de ejemplo, una pareja con dos hijos mayores de 13
años necesitaría 2.900 euros en Madrid y 2.400 euros en Orense. Mientras que
una familia monoparental con dos hijos de entre 3 y 12 años debería ingresar
2.200 en San Sebastián y 1.300 en Ciudad Real.
El estudio también concluye que los
hogares con mayores dificultades son aquellos que viven de alquiler, tienen
niños en edad educativa, personas con discapacidad o situación de dependencia,
deudas, ingresos inestables y desempleo de alguno de sus miembros.
A esta situación, que vienen
sufriendo desde hace años muchas familias, se suma la inflación, que está impactando con mayor virulencia
en los gastos esenciales como vivienda, alimentación y transporte. De hecho,
las familias en peor situación —las que ingresan menos de 1.000 euros al mes—
están obligados a dedicar casi el 70 % de esa cantidad exclusivamente a
vivienda y alimentación, un porcentaje que crecerá hasta el 80 % a final de
año. «Cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar los recibos. Este
encarecimiento tiene consecuencias más graves para las familias con menos
ingresos», ha explicado durante la presentación la secretaria general de
Cáritas Española, Natalia Peiro.
Asimismo, Cáritas advierte de que
las familias se están viendo obligadas a tomar decisiones drásticas sobre sus
gastos que afectan incluso a bienes básicos. Siete de cada diez hogares
vulnerables han reducido sus gastos en ropa y calzado, mientras que casi la
mitad lo ha hecho en alimentación. El 25 % no puede llevar la dieta especial
que necesita por cuestiones médicas y el 18 % (500.000 familias) ha dejado de
usar el comedor escolar por no poder costearlo. La inflación también está
afectando al consumo de electricidad y gasa, así como a la compra de accesorios
sociosanitarios —gafas, audífonos, prótesis…— y medicamentos.
«Las estrategias no son inocuas en
la vida de las personas y familias que las tienen que activar. No son
decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, estrategias de
supervivencia con consecuencias negativas directas», ha concluido Ubrich.
Ante esta situación, la entidad eclesial reclama que las políticas públicas aborden la pobreza y la desigualdad desde dos perspectivas. Una urgente, que tiene que ver con rescatar a las familias que están sufriendo y la segunda, con el perfeccionamiento del sistema de protección social a largo plazo.
Fran
Otero
Fuente:
Alfa y Omega
