El Arzobispo de Valladolid y portavoz de la Conferencia Episcopal Español, Monseñor Luis Argüello, defiende a quienes rezan ante los laboratorios para salvar vidas y rechaza que sean descalificados como “ultracatólicos” o “de extrema derecha”.
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| Mons. Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid. Crédito: CEE |
A su juicio, “ya solo caben argumentos ad hominem a quien
sabe va contra la ciencia, la ética, la ecología integral y la voz de Dios”.
A quien defiende la vida rezando ante una clínica donde se da muerte a una persona en gestación se le descalifica llamándole ultracatólico o de extrema derecha. Ya solo caben argumentos ad hominem a quien sabe va contra la ciencia, la ética, la ecología integral y la voz de Dios.
Desde hace tiempo, el Gobierno socialcomunista español
ha puesto en marcha mecanismos para presionar a los grupos de voluntarios
provida que rezan a las puertas de los negocios abortistas y ayudan a las
madres que están en peligro de abortar a sus hijos.
El pasado mes de abril se aprobó una modificación del
Código Penal que castiga con penas de tres meses a un año de prisión a quienes
sean encontrados culpables de realizar “actos molestos, ofensivos,
intimidatorios o coactivos” hacia las mujeres que van a abortar.
El Gobierno justificó este cambio legal señalando a
quienes rezan ante los negocios de aborto.
Pese a que este precepto legal aún no ha sido activado
en ningún caso, sí se han sucedido a lo largo de los últimos meses hechos por
los que se deduce que las autoridades han puesto el foco en los provida, aunque
no han logrado señalarlos jurídicamente como acosadores.
Así, se ha multado a varios miembros de organizaciones
provida o se han impedido convocatorias para rezar convocadas conforme a la ley
según defienden sus organizadores. La situación más grave de todas se produjo a
mediados de septiembre, cuando una mujer de la iniciativa “rezar no es delito”,
embarazada entonces de 39 semanas, fue rodeada por varios policías al rezar a
las puertas del negocio abortista Dator de Madrid.
También ha habido intentos por parte de mandos policiales de
alejar de forma ilegal a miembros de 40 Días por la Vida en Vitoria.
Según detalla El Debate, la directora de la policía
autonómica vasca, Victoria Landa, dictó una orden para alejar a 80 metros
de un negocio abortista a los provida que fue revocada por el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco.
“La Administración actuó incorrectamente al margen de las
atribuciones recogidas en el ordenamiento jurídico aplicable al exigir la
modificación del lugar de reunión”, explica el tribunal.
POR NICOLÁS DE CÁRDENAS
Fuente: ACI
