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| Joaquín Mantecón y Javier Martínez-Torrón |
Respecto al decreto inicial del Gobierno del estado de
alarma, el experto en Derecho Eclesiástico afirma que el texto dejaba en manos
de las confesiones religiosas flexibilidad para organizar el culto en sus
templos, siempre y cuando se respetara el metro de distancia de seguridad
y se evitaran aglomeraciones.
"Había
una confianza implícita en la responsabilidad de las confesiones. De
hecho, las confesiones religiosas lo que hicieron entonces fue suspender el
culto en lugar de aumentar las eucaristías en el caso de la Iglesia católica.
No obstante, el real decreto no contemplaba que un
ciudadano estuviera exento de las limitaciones a la libertad de movimiento
para asistir a la Iglesia, al contrario que a la farmacia".
Martínez-Torrón aseveró que en España hemos vivido "la unilateralidad, la imposición y la
improvisación de un Gobierno cuando tenía que haber
actuado consultando a los destinatarios (en este caso las confesiones
religiosas), con cooperación y reflexión. Hubiera sido deseable que
el Gobierno dialogara con las confesiones religiosas, cuya cooperación
habría sido muy importante".
En su opinión, el Gobierno no ha buscado ese diálogo "ni
siquiera se han utilizado los canales oficiales como la Comisión de
Libertad Religiosa. "El ciudadanos tiene la obligación
de exigir a su Gobierno que sea riguroso cuando está en juego la
restricción de derechos fundamentales, y en gran parte de la
ciudadanía ha habido un sentimiento de
decepción, de que se podían haber hecho las cosas de otra manera".
El catedrático matiza que frente a la noble idea de que "con la salud no
se juega" el Gobierno debe demostrar en qué circunstancias es
necesario prohibir el culto en
aras de la salud, guiado siempre por un criterio
de proporcionalidad: no restringir más allá de lo que es estrictamente
necesario.
Por su parte, Joaquín
Mantecón, asesor del Consejo Episcopal de Asuntos
Jurídicos, ha sido crítico en algunos aspectos con los obispos aunque también
ha comprendido la situación tan excepcional en la que hemos vivido.
"Ls Iglesia católica ha sido ejemplar en cuanto a medidas de
higiene y seguridad. Por lo tanto, el virus no es clerical. Sin embargo, la
Conferencia Episcopal se ha limitado a difundir unas notas de carácter informativo
y pastoral, aceptando sin rechistar, las medias impuestas por el Gobierno, sin
plantear críticas", manifestó.
Por esta razón, considera que la respuesta de la Iglesia en
España "no ha estado a la altura de
lo esperado. Podría haber consensuado con el Gobierno
el aforo de los templos porque resulta chocante que el gobierno es el que
decida el número de fieles u otras medidas, pero aceptó sin rechistar los
criterios del Gobierno. La Iglesia podría haber alzado su voz",
aseveró Mantecón.
Finalmente, el asesor jurídico de la CEE enumeró una serie
de puntos relacionados con la postura de la Iglesia durante esta
pandemia:
La Iglesia no ha hecho ninguna declaración pública y ha aceptado las
decisiones del Gobierno; la absoluta libertad de los obispos ha
hecho que algunas acciones no hayan sido coincidentes entre diócesis; Los
obispos han tomado decisiones tajantes, como por ejemplo, privar a los fieles
de la Eucaristía cuando la otra opción habría sido multiplicar las misas y no
suprimirlas.
Concluyó Joaquín Mantecón que de cara al futuro "sería
oportuno que la Iglesia expusiera al Gobierno su punto de vista y
exigiera su derecho a la libertad de culto".
En el turno de preguntas, Religión
Confidencial preguntó a Martínez-Torrón si algún gobierno
occidental había consultado con las confesiones religiosas para consensuar
la libertad de culto, puesto que estas medidas restrictivas han sido
internacionales.
"Muchos países han adoptado posiciones parecidas a las del
gobierno de España, incluso con medidas más duras, decretando el cierre de
lugares de culto. Pero en algunos otros, como Alemania ha sido más
colaborativa, y también en Italia, donde además ha habido un
importante número de profesores
universitarios que se han movilizado, captando la importancia
de una cooperación entre Estado y
confesiones religiosas. Se han involucrado académicos
expertos en libertad religiosa, además, naturalmente, de científicos. En
España estamos comenzando ahora a que el
Gobierno cuente con la sociedad civil en la lucha contra la pandemia".
También en el turno de preguntas, otro asistente puso sobre la mesa
el "atropello" de la catedral de Granada, cuando la Policía
desalojó a los pocos fieles que asistían a los oficios del Viernes Santo.
"En mi opinión, creo que la jerarquía eclesiástica ha
actuado prudentemente al no montar un escándalo, pero
probablemente debería haber pedido al gobierno, a las autoridades, una disculpa pública por esos hechos, que
iban contra las normas del propio gobierno: eran ilegales. Eso, además, habría
evitado que se repitieran algunos otros sucesos parecidos que, aunque
aisladamente, se han dado en otros lugares", explicó Martínez-Torrón.
