Escuelas Católicas,
CECE, Concapa y Fundación Servanda instan a los partidos políticos a presentar
enmiendas encaminadas a respetar más la elección de los padres
 |
La ministra Isabel Celaá
en la inaguración
del XV Congreso de
Escuelas Católicas
|
Escuelas
Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Fundación
Servanda y la Concapa, son algunas organizaciones que han mostrado su total
desacuerdo a la ley Celaá, el proyecto de
Ley de Educación que ahora se llamará LOMLOE y que presentó el pasado martes el
gobierno PSOE-Podemos.
En declaraciones a Religión
Confidencial, José María
Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, espera
que grupos parlamentarios como el PP o Ciudadanos, presenten enmiendas
encaminadas a respetar más las decisiones de los padres.
Supresión de la demanda social
"Resulta
especialmente preocupante la supresión del criterio de la demanda social en la
programación de puestos escolares, y la inclusión
de un representante municipal, que no es otra cosa que un
“comisario político”, en los Consejos Escolares de los centros concertados.
Esperemos que en el turno de enmiendas se incluya la opinión de los padres a la
hora de elegir colegio", recalca Alvira a RC.
Escuelas Católicas ha expresado su su
preocupación ante la aprobación de este proyecto de Ley de Educación que en su
opinión nace sin consenso; considera a la
enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública; y
limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias,
sometiendo la libertad de elección a la "planificación"
administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades
concertadas.
Escuelas Católicas ya se han reunido con representantes del PP, Ciudadanos, PNV y PSOE,
y esperan poder hacerlos con los de Vox y Podemos. Incluso han hablado
con Esquerra Republicana.
Asignatura de religión
Respecto a
la asignatura de Religión, Escuelas Católicas, que agrupa más de 2.000
colegios católicos de España, "podrían admitir" que la nota no
contara para la media ni para obtención de becas pero sí consideran que debe
ser una materia evaluable.
"Lamentamos
que se degrade el estatus de la clase de Religión, a pesar
de ser una asignatura que elige libremente la inmensa mayoría de los padres y
contribuye al desarrollo integral de la persona, objetivo último de la
educación", afirman.
Por su parte, la Confederación
Española de Centros de Enseñanza también ha manifestado su
preocupación por la precipitación de esta ley, e insisten en la necesidad de
que en el trámite parlamentario se
busque el consenso que en ocasiones anteriores el
PSOE siempre reclamó.
Recorta la libertad de las
familias
Para la
CECE, el texto de este proyecto recorta la libertad de las familias cuya
libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las
administraciones educativas, lo cual supone una pérdida
de igualdad de oportunidades de acceso a la educación concertada y
reclaman que la red pública y concertada sigan funcionando en un régimen de
complementariedad dentro de un equilibrio que esta ley quiere romper.
Por su parte, el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha manifestado
su absoluto desacuerdo con una ley impuesta, que no ha
contado con el mínimo consenso, diálogo ni acuerdo, donde las familias no se
han tenido en consideración en ningún momento, desaparece la demanda social, se
aprueba con asignaturas suspensas, se vuelve a marginar a la religión (hay que
recordar que la solicitan de forma voluntaria esta asignatura más de tres
millones y medio de alumnos) y se pone en riesgo la continuidad de concierto
educativo.
Suprimir la pluralidad
educativa
"Por
dónde va la nueva ley? Pues por lo que todos adivinábamos:
suprimir la pluralidad educativa -por ejemplo, se castiga a los modelos de
coeducación-, se degrada a la asignatura de Religión -sin alternativa y peso
específico alguno, vulnerando la libertad religiosa-, se impone una asignatura
de educación en valores cívicos y éticos -vuelta a la antigua EpC-, se da más
peso a las Comunidades Autónomas en los contenidos y en la lengua -olvidando el
conocimiento de la lengua materna-, se añaden algunas trasversales “nuevas”
como el desarrollo sostenible o la igualdad de género -creando más
controversia-, y finalmente se apuesta por la gratuidad de la enseñanza de 0 a
3 años vertebrándola por la red pública -en claro perjuicio de la red
concertada". denuncia Caballero.
El presidente de Concapa ha señalado que “los padres no vamos a ceder nuestras
responsabilidades al Estado y consideramos que la
educación debe respetar la pluralidad de la sociedad, correspondiendo a los
padres colaborar y participar activamente en la escuela y en la educación de
sus hijos”.
También, el presidente de la Fundación Servanda Juan Carlos Corvera ha
denunciado este proyecto de Ley: "La Ley Celaá es ya una realidad. Si
lo que pretende es convertir España en un gran orfanato estatal, es el
camino".
Fuente:
ReligionConfidencial
