Cuando se toma plena conciencia de esta tríada, se cae en la cuenta del cuarto: «La razón y la voluntad de acuerdo por la defensa de la dignidad humana» en el debate público
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El arzobispo de
Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis
Argüello, se ha referido a la polémica suscitada por el desahucio de la anciana
Mari Carmen del piso donde vivía alquilada en Madrid en un texto colgado en las
redes sociales. Sobre este caso que ha saltado a la arena política y mediática,
ha defendido la necesidad de «un acuerdo social respecto al reconocimiento del grave
problema que vivimos: escasez de viviendas, viviendas cerradas sin uso por
falta de confianza, casas vacías en la España rural, precios y rentas muy
altas, alquileres por habitación sin “derecho a cocina”, pues hasta la cocina
se transforma en habitación, millones de pisos de uso unipersonal, etc.».
Monseñor
Argüello ha advertido asimismo sobre los riesgos del consenso «emocional más
que moral» y la «manipulación ideológica y el conflicto político y social sobre
las causas y las posibles soluciones» a este grave problema. Para hacer frente
a estas tentaciones, el arzobispo ha pedido «considerar como un asunto
importante» el «nuevo contrato social» al que precisamente se refirieron
trabajadores y empresarios durante el encuentro con el papa León XIV en su
visita a España.
Lejos de
quedarse en la espuma de la actualidad, monseñor Argüello ha denunciado también
que «los ceutíes viven el desahucio de sus calles, plazas y de su normalidad»,
así como los inmigrantes, «algunos desahuciados de sus países de origen, otros
desplazados por intereses geopolíticos», personas «deslocalizadas continuamente
y que se resisten a un desahucio definitivo».
De los
habitantes de Ceuta, como un gran número de españoles, ha afirmado que «desean
un desahucio rápido y total de los que han entrado en la ciudad como “okupas”»,
sin olvidar que, en medio, existe «una crisis humanitaria —física, psicológica
y moral— que afecta a todos, inmigrantes y ceutíes». Y ha lamentado que «por
contaminación de esta crisis que no es primariamente migratoria, se está
condicionando la manera de mirar a los inmigrantes en toda España».
Por ello, ha
calificado como «imprescindible» la necesidad de «un acuerdo nacional para
ayudar a los ceutíes y solucionar la crisis humanitaria». A este respecto, ha
solicitado «un pacto de Estado y europeo que aborde las causas de las
migraciones en los países de origen, combata las mafias —también haga frente a
los Estados que utilizan los éxodos personas para provocar invasiones por
intereses geopolíticos con comportamientos mafiosos— regule los flujos migratorios
y acoja a los que llegan respetando su dignidad, que no se pierde al atravesar
la frontera, aunque luego hubieren de ser retornados a sus países de origen».
Sin olvidar
que, si la actual situación de natalidad continua, «en pocos años Europa
competirá por el inmigrante escaso».
El tercer
desahucio denunciado por monseñor Argüello es «el del vientre materno provocado
mediante el aborto», de consecuencias irreversibles. Pese a la «campaña
moralista del Gobierno lo presenta como un acto bueno, porque es legal —“tienes
derecho”– y autónomo –“decidas lo que decidas, estará bien”—», la ciencia
demuestra que en el seno de una mujer embarazada «hay un ser humano, un hijo,
distinto de ella, sobre el que no puede decidir sin plantearse la moralidad de
esa decisión».
El arzobispo de
Valladolid afirma la necesidad de ayudas sociales, laborales, de vivienda o de
pleno apoyo, y reconoce que «habrá casos de un gran conflicto ético», pero que
«nunca podrá justificarse la solución en un derecho legal que niega al hijo la
vida en cuya dignidad se fundamentan todos los derechos».
En este
sentido, monseñor Argüello destaca que «ante estos tres tipos de desahucios la
argumentación ética varia de forma interesada: de la defensa a ultranza del
derecho a decidir del propietario o de la embarazada, si la decisión es legal,
sin tener en cuenta a quien sufre las consecuencias, al rechazo de la libre
decisión aunque sea legal y confirmada por un juez, pues afecta a personas que
deben de ser tenidas en cuenta por encima de la decisión del propietario».
En el caso del
«desahucio» de los ocupantes de Ceuta, «algunas propuestas, para que sea
inmediato, animan a prescindir de la legalidad y quieren cerrar los ojos ante
aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad, otras propuestas se niegan a
ver que muchos ceutíes también son víctimas de la crisis humanitaria
desencadenada por el éxodo-invasión-ocupación. Los tres asuntos reclaman
diálogo sereno y grandes acuerdos».
Cuando se toma
plena conciencia de estos tres desahucios, se cae en la cuenta del cuarto: «la
razón y la voluntad de acuerdo por la defensa de la dignidad humana y el bien
común», que parecen «haber sido expulsados de nuestra casa común».
Fuente: Ecclesia
