En el estudio se destaca que los gobiernos autonómicos “gastan 12 veces más en aborto que en ayudar a la mujer embarazada que quiere ser madre”, a excepción de la Comunidad de Madrid
ACI Prensa |
“El desamparo
que muchas mujeres embarazadas aún experimentan por parte del sector público es
escandaloso” en España, según denuncia María Torrego, presidenta de la
Fundación Red Madre, que acaba de presentar su octavo Mapa
de la Maternidad.
Este informe se
elabora desde 2015 con el objetivo de identificar y cuantificar el gasto
público destinado específicamente a la atención a la mujer embarazada con
independencia de su situación laboral, recopilar y cuantificar las ayudas
directas por hijo nacido durante el año 2023 y conocer las políticas que en
este campo se han puesto en práctica en diferentes países de la Unión Europea.
En el estudio
se destaca que los gobiernos autonómicos “gastan 12 veces más en aborto que en
ayudar a la mujer embarazada que quiere ser madre”, a excepción de la Comunidad
de Madrid.
En total, en el
año 2023 las administraciones ofrecieron algo más de 63 millones de euros de
ayudas a la maternidad, de los que la administración regional madrileña aporta
60 millones y medio.
Esto equivale a
una media nacional de 149 euros por embarazada al año. Descontando a la
Comunidad de Madrid, el apoyo público a la maternidad se reduce a 6,5 euros
anuales.
Sólo en La
Rioja se ofrece también una ayuda significativa, pero el importe global anual
apenas supera el millón de euros, lo que supone una media anual de ayuda de 430
euros por mujer embarazada.
En un escalón
administrativo inferior, sólo 8 de las 41 diputaciones presentes en España
ofrecen algún tipo de ayuda. Entre las 50 capitales de provincia, sólo una de
cada cinco contempla algún tipo de ayuda, siendo Madrid la primera, con algo
más de 575.000 euros para una población de más de tres millones de
habitantes.
La escasez de
ayudas contrasta con el deseo de maternidad de las españolas. Según el informe,
al menos quieren tener 2 hijos, pero sólo alcanzan el 1,1 de media,
haciendo que el número de nacimientos descienda año a año, por debajo de
las defunciones.
Además, según
relata el informe, casi la cuarta parte (23,90%) de los hijos concebidos en
España termina su vida a causa del aborto. Este porcentaje ha ido creciendo en
los últimos años. En 2016, estaba situado en el 18,48%.
La cantidad de
aborto contrasta con la falta de ayudas a la maternidad, de forma especial en
las regiones de Asturias y Canarias, donde se perpetran más de 400 abortos por
cada 1.000 nacimientos.
Cifras muy
similares se observan en Cataluña (388), Islas Baleares (366) e, incluso, en la
Comunidad de Madrid (341). En Andalucía y el País Vasco al cifra supera los 300
abortos por cada 1.000 nacimientos.
Más allá de las
Ciudades Autónomas de Ceuta (23) y Melilla (16), las comunidades autónomas con
una menor ratio de aborto por cada mil nacimientos son Extremadura (198),
Aragón (215), Galicia (218) y La Rioja (224).
Además, en
comparación con el resto de los países que conforman la Unión Europea, España
se sitúa en el puesto 19 del porcentaje del gasto público respecto del Producto
Interior Bruto (1,6%).
La presión
social y laboral dificulta la maternidad
El informe de
la Fundación RedMadre concluye que hay una gran presión social y laboral que
empuja a las mujeres a plantearse el aborto: “Más de la mitad de las mujeres
embarazadas declaran que su vida laboral cambió al anunciar el embarazo”.
Al mismo
tiempo, “las tasas de empleo de las mujeres con hijos son menores a las tasas
de las mujeres sin hijos. En el caso de los hombres sucede lo contrario”,
exponen.
Por otro lado,
se denuncia que “es un reto conseguir y mantener un empleo siendo madre”. En
este sentido señalan que “la mayoría de las mujeres que abortaron eran
empleadas por cuenta ajena”.
Además, entre
otras dificultades indican que “las mujeres con hijos tienen mayor dificultad
para encontrar empleo y para mantenerlo”, que piden la mayoría de las
excedencias por cuidado de los hijos y que se ven más afectadas por las
“insuficientes medidas de conciliación y corresponsabilidad”.
Por Nicolás de Cárdenas
Fuente: ACI Prensa