Menos nacimientos, explosión de la soledad y los divorcios, peor acceso a la vivienda y menos libertad educativa, los síntomas de un olvido que ha ido contra la Constitución durante décadas
 |
| OSVNews. Jim Youg.Reuters |
La familia es mucho menos fuerte en la España de hoy que cuando se
aprobó la Constitución, en cuanto a variables objetivas como número
de miembros, estabilidad y régimen legal. Así se desprende del informe Constitución y familia. Un principio fallido, elaborado por
el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social —CEU-CEFAS— sobre la base de
analizar cómo se trata a la familia en el texto de nuestra Carta Magna, y cómo la
han tratado realmente desde su promulgación los poderes públicos.
La evidente deriva en las estadísticas muestra que el número medio
de hijos por mujer ha
caído más del 50% desde 1977, lo cual redunda en que cada nueva generación
de españoles sea un 45% menos numerosa que la anterior. Aparte del agujero
negro que supone para la sociedad esta tasa de fecundidad, existe una
consecuencia cualitativa de todo ello: el «gran empobrecimiento afectivo y
altas tasas de soledad en la infancia —por la falta de hermanos, y muchas veces
de uno de los progenitores en el hogar, generalmente el padre—, así como en la
edad adulta y la vejez —por más y más gente que no convive con una pareja
estable y/o no tiene hijos—», explica el Centro de Estudios en un comunicado.
Para colmo de males, más de 2,7 millones de hijos en edad de gestación han sido
matados en el vientre de sus madres desde 1986 en abortos considerados «legales»,
en buena parte pagados por el Estado.
En el mismo período, el porcentaje de ciudadanos que se casan ha
caído en torno al 50 % y se ha instalado a la familia española en una enorme
inestabilidad. Por el contrario, pero también lógico, la tasa de «fragilidad
matrimonial» —número de divorcios por cada cien bodas— ha superado el 60% en 13
de los últimos 18 años. Con estas pautas de ruptura conyugal, al menos 50 % de
los matrimonios se acabarían separando. Desde comienzos de los años 80, se han
roto unos tres millones de matrimonios legales. Fruto de ello, de 3,5 a 4
millones de niños y jóvenes se han visto afectados directamente por la
separación de sus padres, algo que «empobrece a los hijos no emancipados en lo
económico y produce daños afectivos, con riesgo incrementado de necesitar
tratamiento mental-emocional, así como de posibles perjuicios en el campo
educativo-formativo, y por ende, en su futuro éxito profesional y nivel de vida
como adultos».
Por si todo esto fuera poco, la carga fiscal que tienen que
soportar las familias se ha duplicado —incluyendo impuestos confiscatorios—,
mientras que la deuda pública actual hipoteca a cada familia con más de un año
completo de su renta, con grandes inequidades fiscales entre regiones. En toda
la década de los 70, como promedio, los españoles pagaban, entre impuestos
directos e indirectos de todo tipo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad
Social, aproximadamente un 20 % de lo que ganaban, con apenas deuda pública.
Ahora, acaban pagando de media del 40 % al 45 %, incluyendo impuestos a su
patrimonio acumulado después de pagar impuestos por las rentas obtenidas para
poderlo acrecentar, de forma inmediata cada año o bien al fallecer e ir a
disponer de ese patrimonio sus legítimos herederos.
A esta presión del Estado, y también como consecuencia de ella,
comprar una vivienda en la España de hoy es mucho más caro que hace 45-50 años.
En 1978, en torno al 40 % de los españoles residía en una vivienda de
protección oficial construida en los 35 años previos, porcentaje que superaría
ampliamente entonces el 50 % entre la mitad menos pudiente de la población. En
la actualidad, tenemos una gran dificultad de acceso a la vivienda, y en
especial para los jóvenes y las familias de clases media-baja y baja. Y, por
ende, más dificultad para la emancipación de los jóvenes del hogar paterno, que
se ha retrasado en media desde los 25 años a mediados de los 70, a unos 30 años
en la actualidad, con un efecto negativo en la tasa de fecundidad.
Por último, el estudio de CEU-CEFAS no quiere dejar de denunciar
que «se ha conculcado gravemente la libertad de enseñanza en cosas como el
derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral acorde con sus
propias convicciones, y en diversas CCAA, a ser educados en español».
Luis Rivas
Fuente: Ecclessia
