El Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobó este 3 de febrero la modificación del Código Penal por la que se condena a penas de cárcel a los provida que oren en las inmediaciones de las clínicas de aborto
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| Imagen referencial. Crédito: Pixabay |
La votación quedó 204 votos a favor y 144 en contra, y por lo
tanto continuará su tramitación en el Senado.
El Partido Popular (PP) y Vox fueron los únicos que no apoyaron
esta propuesta de reforma y han manifestado en diversas ocasiones su voluntad
de recurrir al Tribunal Constitucional, porque afirman que atenta contra los
derechos fundamentales y las libertades públicas de reunión, expresión e
ideología.
En el debate previo a la vocación, María Teresa Angulo, del Partido
Popular, aseguró que “se protegen los intereses económicos de empresas
privadas”, en relación con los centros de aborto, y “se lanza un mensaje a los
españoles de que quienes tengan la osadía de manifestar una opinión contraria a
los intereses del Gobierno podrán ser sujetos de una legislación que os enviará
a la cárcel”.
Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, afirmó en el debate que “algo
muy grave está pasando en este país cuando se califica de delictiva una
conducta pacífica de los provida que informan, ayudan, apoyan y rezan delante
de los centros abortistas, centros de exterminio”.
“Debiera repugnar a cualquier representante político que exista un
mayor presupuesto para los centros del aborto que para ayudar a mujeres
embarazadas”, destacó Méndez Monasterio. Finalizó subrayando que “hay que tener
un corazón muy endurecido para lanzar el mensaje de que la muerte de un hijo es
la mejor elección”.
El artículo 172 quater del Código Penal español quedará modificado
de tal manera que “el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos
molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad,
será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.
“Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el
apartado anterior, acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su
ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo
de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de
obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”, precisa el artículo del
Código Penal.
“Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y
las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer,
además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis
meses a tres años”, asegura el artículo 172.
Subraya que “las penas previstas en este artículo se impondrán sin
perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran
concretado los actos de acoso”, “en la persecución de los hechos descritos en
este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su
representación legal”.
La iniciativa fue presentada por el PSOE y comenzó su tramitación
parlamentaria el 21 de septiembre de 2021, tras superar el debate de toma en
consideración, por 199 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones.
Posteriormente, como se presentaron enmiendas a la totalidad por
PP y Vox, pero fueron rechazadas.
Una vez aprobada por el Pleno del Congreso por mayoría absoluta se
remitirá al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.
Por Blanca Ruíz
Fuente: ACI Prensa
