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| Sede de la Comisión Europea en Bruselas. Foto: Pixabay |
En su
intervención ante los medios de comunicación, según informó el
diario ABC, Gospodinova recordó que “la educación es una competencia
nacional. Por tanto, es potestad exclusiva de los gobiernos decidir cómo se
organiza la enseñanza, y la Comisión no tiene ninguna posibilidad legal de
definirlo”.
“Quiero
destacar”, continuó Gospodinova, “que la Comisión sostiene que los padres
tienen el derecho de asegurarse de que la educación que se les da a los niños
corresponde a sus convicciones religiosas y a sus visiones filosóficas y
educativas”. Recordó que ese derecho “está recogido en el artículo 14.3 de la
Carta Europea de Derechos Fundamentales”.
Sin embargo,
insistió en que la educación es una competencia de los Estados europeos, y, por
lo tanto, la Comisión Europea poco tiene que decir frente a las regulaciones
nacionales educativas.
Gospodinova
explicó que la Carta Europea de Derechos Fundamentales “impone obligaciones a
los Estados miembro solo en los asuntos donde las instituciones europeas son
competentes. Como ya he dicho, la educación es competencia nacional exclusiva,
lo que no permite ninguna base a la Comisión para opinar sobre los nuevos
avances legislativos del Gobierno español”.
Una ley que
ataca la libertad de los padres
La nueva ley
educativa, oficialmente Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de
Educación (LOMLOE), entró en vigor el pasado 19 de enero en medio de una fuerte
polémica por su falta de consenso con las familias y la comunidad educativa.
Según explicó
a ACI Prensa, el presidente de la Confederación Española de Centros de
Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, la
Ley Celaá ataca y perjudica a las escuelas concertadas, un modelo de
escuela que “permite que la oferta de educación sea mucho más plural, porque
cualquier familia tiene acceso gratuito tanto a la enseñanza pública como a una
pluralidad muy grande de escuelas que son privadas, pero que reciben esta ayuda
y gracias a eso son gratuitas”.
Según Aguiló,
el Gobierno quiere perjudicar a la escuela concertada “en buena parte porque
esa escuela es católica”. De hecho, aproximadamente dos tercios de estas
escuelas, “que son más o menos el 25% de todas las escuelas del país, son
católicas”.
Además, la Ley
Celaá también margina también la enseñanza de Religión en la escuela,
garantizada por los acuerdos entre España y la Santa Sede.
Alfonso Aguiló
recordó que “la asignatura de Religión, según los acuerdos con la Santa Sede,
tiene que ser una asignatura como otra cualquiera del mismo nivel y tiene una
asignatura optativa para los que no quieren religión”.
Asimismo, la
Ley Celaá introduce con fuerza la ideología de género en todos los niveles
educativos al establecer, de forma específica en la ley, que “se introducirá la
perspectiva de género”, como se puede leer en su artículo 22, por poner sólo un
ejemplo.
Fuente: ACI
Prensa
