Una nota
de la Comisión COVID-19 y la Pontificia Academia para la Vida pide cooperación
para la fabricación y distribución de la vacuna, priorizar también las zonas
donde es más difícil mantener las restricciones y evitar que «algunos países la
reciban tarde debido a grandes compras por parte de los estados más ricos»
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| Araceli, primera mujer en recibir la vacuna en España. Foto: EFE /Pepe Zamora |
Este martes, el Vaticano ha explicitado que este objetivo pasa por buscar
acuerdos internacionales para gestionar las patentes de forma que se facilite
el acceso y por la búsqueda de sinergias para la aprobación de los candidatos
en las distintas agencias y para la posterior producción.
A la hora de
distribuir la vacuna, sugiere dar prioridad, además de al personal sanitario y
a las personas más vulnerables, a las zonas con más densidad de población y
donde, por falta de desarrollo, es más difícil guardar las medidas de seguridad
sanitarias. Se pide por último un programa de distribución justo, cuya
elaboración podría encomendarse a la OMS.
Son algunas de las conclusiones de la nota Vacuna para todos. 20 puntos para un mundo más justo y sano,
elaborada de forma conjunta por la Comisión COVID-19 y la Pontificia Academia
para la Vida. El documento subraya que «el momento final de la administración
de la vacuna no es el único que debe tenerse en cuenta» para lograr el acceso
universal. «Más bien, se debe considerar todo su ciclo vital, desde el
comienzo». Todas las fases, desde la investigación hasta la propia vacunación,
tienen «implicaciones éticas» que deben sopesarse a la hora de tomar
decisiones.
Sobre
las patentes
Un primer punto a tener en cuenta es la investigación, y la posterior
patente de los resultados obtenidos. El Vaticano pide, en este sentido,
«acuerdos internacionales para gestionar las patentes de forma que se facilite
el acceso universal» y la estabilidad de precios. Al reflexionar sobre esta
cuestión, los autores de la nota reconocen que la vacuna «no es un recurso
natural ya existente como el aire o los océanos, ni un descubrimiento como el
del genoma humano», sino un invento del ingenio humano.
Por tanto, es posible «someterlo a una consideración económica que permita
la recuperación de los costes de investigación y los riesgos que las empresas
han adquirido». Aunque debe considerarse al tiempo que otros fondos han venido
de inversiones públicas o donaciones privadas.
Pero, por otro lado, «dada su función, es apropiado considerar la vacuna
como un bien al que todos deberían tener acceso sin discriminación» de acuerdo
con el principio del destino universal de los bienes. «En el campo de la
medicina y la sanidad no es aceptable éticamente la explotación comercial como
único propósito». Al contrario, la inversión en este ámbito «debería encontrar
su significado más profundo en la solidaridad humana».
Buscar
sinergias
Una constante en la nota es la llamada a buscar «sistemas que favorezcan la
transparencia y la cooperación» más que la competencia o el «nacionalismo
vacunal». Se designa, con este concepto, el «intento de varios estados de
obtener la vacuna en plazos más rápidos como forma de conseguir prestigio y
ventajas».
Se propone así la búsqueda de «sinergias positivas» entre estados, empresas
farmacéuticas y otras organizaciones para que la producción «se pueda llevar a
cabo simultáneamente en distintas partes del mundo». Esta misma cooperación
debe fomentarse también entre las distintas entidades reguladoras competentes
en cada ámbito geográfico, de forma que las vacunas puedan usarse en todos los
países.
¿A
quién primero?
Sobre las prioridades a la hora de administrar la inmunización, la nota
reconoce el consenso sobre la necesidad de priorizar a los profesionales que
trabajan para el interés general, especialmente profesionales sanitarios pero
también educativos y de seguridad; y a los grupos de riesgo, como personas
mayores o con patologías previas. Pero eso «no resuelve todos los
problemas».
¿Cómo priorizar dentro de estos grupos?, se preguntan los autores. Para
responder, proponen «una estratificación más atenta», vacunando antes por
ejemplo las zonas con mayor densidad de población para «maximizar los
beneficios». Por otro lado, «deben considerarse otros aspectos relevantes» más
allá de la salud. Uno de ellos sería la mayor dificultad de practicar las
medidas de seguridad, como la distancia social o el confinamiento, en
determinadas áreas.
El
papel de la OMS
Citando al director de la OMS, la nota subraya que debe preferirse «vacunar
a algunas personas en todos los países, más que a todas en algunos países».
Llama a evitar, por tanto, «que algunos países la reciban tarde debido a
grandes compras previas por parte de los estados más ricos».
Es necesario, continúa, «desarrollar un programa de distribución» que
fomente la colaboración «para afrontar los obstáculos logísticos y
organizativos en áreas no fácilmente accesibles». Esto pone en evidencia una
vez más la necesidad de «un organismo internacional con la tarea, la autoridad
moral y la capacidad operativa» para esta coordinación. La OMS sigue siendo «un
importante punto de referencia», pero debe ser «fortalecido y mejorado».
El
dilema ético
Sobre la decisión de vacunarse o no, la Comisión COVID-19 y la Pontificia
Academia para la Vida piden que se sopese «una decisión responsable», pues «la
negativa a vacunarse puede constituir un riesgo para otros». Incluso si lo que
se busca es «evitar beneficiarse de los resultados de un aborto voluntario» del
cual se hayan derivado líneas celulares usadas para desarrollar la vacuna, se
recuerda que no existe «una cooperación moralmente relevante» entre el uso de
las vacunas y la práctica del aborto voluntario. Por ello, «todas las vacunas
clínicamente recomendadas se pueden usar con la conciencia tranquila».
El documento invita asimismo a considerar que la opción por no vacunarse
«podría aumentar gravemente el riesgo para la salud pública» y sobre todo para
las personas que por sus circunstancias personales no pueden inmunizarse, como
los inmunodeprimidos. Por otro lado, además del riesgo inherente para la salud,
«enfermar lleva a un aumento de los ingresos con la consiguiente sobrecarga del
sistema sanitario, incluso hasta un posible colapso».
Algo que, de nuevo,
perjudicará más a los más vulnerables. El documento concluye con unas líneas de
actuación para la Comisión COVID-19 sobre cómo promover en los distintos
ámbitos pertinentes estas orientaciones y movilizar a las instituciones civiles
y eclesiales para contribuir a lograr la universalidad de la vacuna.
María Martínez López
Fuente: Alfa y Omega
