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| Mons. Luis Argüello |
D. Luis ha presentado el informe «Sobre la situación social creada
por la pandemia». En el mismo se asegura que «la crisis ha generado una rápida y profunda herida en nuestra sociedad»
ya que «la convivencia ciudadana y los comportamientos
políticos están sufriendo profundas alteraciones en todo
el mundo por lo novedoso de la realidad y por la improvisación de las
respuestas a los problemas. Todos constatamos que mecanismos políticos
excepcionales, como puede ser el estado de alarma, se ha convertido en un
instrumento casi permanente en nuestra precaria democracia».
Según los obispos, la pandemia ha provocado la
limitación de derechos humanos, el incremento de la desigualdad
en la sociedad española y cambios sociales y políticos que denotan su
desvinculación de la moral.
El secretario general de la CEE ha dado a conocer igualmente el
comunicado «Sobre la nueva ley de educación» en el que los obispos se
ratifican en las habituales críticas contra un texto legislativo totalitario,
lesivo para los derechos de los padres y con un claro componente adoctrinador
desde posicionamientos ideológicos partidistas.
Los obispos ven necesario pedir se ofrezca
una «mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza,
tal como se explicitan en el art 27 de la Constitución y
en su interpretación jurisprudencial. Nos preocupa que esta ley introduzca
limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de
la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos».
Y además manifiestan que «comprendemos y
apoyamos los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en
estos días se han movilizado en la defensa de estos
derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades
especiales».
Los prelados lamentan «profundamente todos los obstáculos y trabas que
se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas».
El texto recuerda que la CEE ofreció
al Ministerio de Educación «que la enseñanza religiosa escolar quede integrada en
un área de conocimiento común para todos los alumnos, en un modo que no genere
para nadie agravios comparativos» pero «lamentablemente la propuesta hecha por la CEE no ha recibido
respuesta por parte del Ministerio».
Por último, el obispo auxiliar de Valladolid ha explicado que el
documento «Ante la situación de los inmigrantes en las Islas Canarias» aprobado
por la Plenaria recoge en gran medida las líneas marcadas por los dos obispos
de las diócesis de las Islas Canarias. Los obispos recuerdan que el problema no
es solo canario sino de toda España y advierten que «la necesaria regulación de
las migraciones pasa por abordar sus causas para asegurar el primer derecho de
un emigrante, permanecer o regresar a su casa de manera voluntaria».
A ello añaden que «es imprescindible crear en los países de
origen posibilidades concretas de vivir con dignidad y
simultáneamente, en los de destino, salvar su vida y hacernos cargo de su
existencia a través de un conjunto de acciones que el Papa resume en
"acoger, proteger, promover e integrar"».
Asuntos económicos
Fernando Giménez
Barriocanal ha sido renovado en el cargo de vicesecretario para
Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para los próximos
cinco años. Según indica el Reglamento de Ordenación Económica, el
vicesecretario para Asuntos Económicos «será nombrado por un quinquenio,
renovable, por la Asamblea Plenaria de la Conferencia, a propuesta de la
Comisión Permanente, oído el Consejo de Economía». Giménez Barriocanal fue
nombrado por primera vez en noviembre de 2005 y renovado en el cargo en el
mismo mes de 2010 y 2015.
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los
balances y liquidación presupuestaria del año 2019, los criterios de
constitución y distribución del Fondo Común
Interdiocesano y los presupuestos de
la CEE y de los organismos que de ella dependen para el
año 2021.
La mayor parte de las preguntas de los periodistas han girado en torno a
la Lomloe (Ley Celaá), la crisis migratoria en Canarias y la cuestión de las
inmatriculaciones.
Mons. Argüello no descarta que se pueda acudir al Tribunal
Constitucional para recurrir algunos aspectos de la nueva ley educativa, y ha
indicado que mientras que se acusa a la Iglesia de pretender una educación
confesional, lo cierto es que la Ley Celaá es ciertamanete confesional en la
manera de entender la educación, lo público y el papel del Estado.
Rueda de prensa completa
Fuente: InfoCatólica
