Este
antecedente español “es muy relevante porque abre la puerta a una sanción en la
matriz estadounidense”
El
tribunal de la Audiencia Nacional española declaró que la Federación de
Planificación Familiar (FPFE), filial de la trasnacional del aborto Planned
Parenthood en España, ya no es más una entidad de “utilidad pública” para el
país.
La
consideración de “utilidad pública” supone gozar en España de numerosos
beneficios fiscales, económicos, administrativos y procesales.
Recientemente,
la Audiencia Nacional rehabilitó la condición de “utilidad pública” a la filial
española de la International Planned Parenthood Federation, a pesar de haberla
perdido en mayo de 2016 al descubrirse que
había sido financiada de manera ilegal durante 7 años.
Sin
embargo, este 25 de noviembre se informó que la Audiencia Nacional finalmente
revocó el estado de “utilidad pública” a la FPFE al darle la razón al
Ministerio del Interior y a la asociación de Abogados Cristianos sobre la no
utilidad pública del organismo internacional.
La
presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebró la decisión y
aseguró que “una organización que ha incumplido de forma sistemática la ley no
puede tener dicho reconocimiento.
Pidió,
además, que dejen de concedérsele “lo más de 400.000 euros de subvenciones que
recibe con el dinero de nuestros bolsillos”.
Recordó
también que la FPFE recibe fondos de su matriz americana, Planned Parenthood,
la cual está siendo investigada por el FBI en EEUU por traficar con órganos y
tejidos procedentes de los fetos abortados en sus clínicas.
El reclamo de Abogados
Cristianos
Abogados
Cristianos reclamó ante el Ministerio del Interior que la FPFE no había
declarado los ingresos por publicidad en una revista farmacéutica (prohibido en
la ley española) ni una sanción por dicha publicidad.
Tras
ello, el Ministerio Interior retiró el estatus de “utilidad pública” al
organismo abortista alegando que “tal conducta infractora es incompatible con
la promoción del interés general, en este caso, la protección de la salud
pública”.
Además,
aseguró que “supone defraudar la confianza que la sociedad deposita en aquella
entidad que pretende beneficiar a la comunidad a cambio de recibir importantes
ventajas”.
Luego
de la decisión, la FPFE decidió demandar tanto al ministerio como a Abogados
Cristianos.
No
obstante, la Audiencia Nacional resolvió que efectivamente el Ministerio del
Interior actuó bien, y archivó las demandas contra ambas entidades. Finalmente,
condenó en costas a la FPFE, es decir, que deberá resarcir al vencedor del
litigio los gastos que le causó el proceso.
Para
Luis Losada Pescador, director de campañas de la plataforma CitizenGO, esta es
“una buenísima noticia desde la óptica española porque se hace justicia”.
“Una
organización que esconde ingresos y sanciones no puede ser de utilidad pública.
Desde el ámbito internacional llega cuando el FBI parece iniciar una
investigación contra la mayor multinacional de abortos del mundo con gran
influencia en Hispanoamérica a través de sus filiales”, indicó
Finalmente,
sostuvo que este antecedente español “es muy relevante porque abre la puerta a
una sanción en la matriz estadounidense”.
Declaración de utilidad
pública
Según
la ley de Asociaciones, se pueden declarar como de “utilidad pública” a
aquellas instituciones cuyos “fines estatutarios tiendan a promover el interés
general y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo,
sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los
derechos humanos”.
Además,
“las asociaciones declaradas de utilidad pública tienen los siguientes
derechos: usar la mención ‘Declarada de Utilidad Pública’ en toda clase de
documentos, a continuación de su denominación; disfrutar de las exenciones y
beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los
términos y condiciones previstos en la normativa vigente; disfrutar de
beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas;
asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación
específica”, precisa la ley.
La
declaración de utilidad pública se trata de un reconocimiento que otorga el
Ministerio de Interior del Gobierno de España.
Como
entidad de utilidad pública, la Federación de Planificación Familiar Estatal
recibió alrededor de 377 mil euros anuales de fondos públicos.
Fuente:
ACI Prensa
