En
el momento en el que iban a iniciar las labores de retirada sonaron las
campanas del templo y cientos de habitantes de Callosa de Segura acudieron para
impedirlo
Cientos de vecinos del pueblo de Callosa
de Segura en la ciudad de Alicante (España) impidieron el retiro de la cruz situada en la plaza de la iglesia del pueblo, una medida ordenada por el
gobierno izquierdista local que no espero la decisión de los tribunales y que
aplicó en este caso una errónea interpretación de la llamada Ley de Memoria
histórica.
La ley de Memoria Histórica fue aprobada
en el año 2007. En ella se establece medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de
Francisco Franco.
Se trata de una ley controvertida porque
favorece una ideología y no la reconciliación de los españoles. Esta norma
obliga la retirada de monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos
establecidos después de la Guerra Civil.
Los monumentos relacionados con la
Iglesia Católica quedan fuera de esta ley, pero en la realidad esto no se ha
respetado, como es el caso de esta cruz en Callosa de Segura.
Según informa la Asociación Abogados
Cristianos, el alcalde de Callosa de Segura, el socialista Fran Maciá, envió el
14 de diciembre una grúa a retirar la cruz que preside la plaza de España,
junto a la iglesia y frente al ayuntamiento de la población.
En el momento en el que iban a iniciar
las labores de retirada sonaron las campanas del templo y cientos de habitantes
de Callosa de Segura acudieron para impedirlo.
Un hombre estacionó su vehículo junto al
monumento para que la grúa no pudiera trabajar, y otro grupo de personas se
encadenaron a la cruz para que la Policía y la Guardia Civil no pudieran
desalojarlos. Todo se hizo de manera pacífica.
Según el alcalde, la cruz contraviene la
Ley de Memoria Histórica, y por ese motivo, en un pleno del ayuntamiento, su
partido, con el respaldo de Esquerra Unida y Podemos, -partidos de izquierda-
aprobaron su retirada.
Según informaron los manifestantes, el
alcalde había previsto una reunión para hablar sobre la retirada de la cruz,
pero según precisó Maciá tan solo pretendía preguntar al párroco dónde dejar la
cruz después de quitarla de la plaza.
La decisión de la retirada de esta cruz
se encuentra en los tribunales y el juicio está previsto para noviembre de
2017.
Un concejal del Partido Popular interpuso
un recurso contencioso para que se derogara la decisión del Gobierno municipal,
pero aunque se solicitaron medidas cautelares para bloquear su traslado, fueron
rechazadas.
La Asociación de Abogados Cristianos
(AEAC), junto a la Plataforma en Defensa de la Cruz, comenzó en el mes de
agosto una campaña en Change.org a la que se han adherido más de 28.500
personas y que ha conseguido que no se haya retirado.
Desde AEAC se pide “respeto hacia los
cristianos y respeto a la libertad religiosa, ya que a día de hoy está claro
que la única intención del equipo de gobierno municipal es retirar una cruz que
carece de cualquier símbolo político”.
Fuente: ACI Prensa
