Un
informe afirma que quienes invocan dicha libertad quieren limitar los «derechos
civiles»
Desde
hace años, los obispos norteamericanos incluyen la libertad religiosa entre las
causas por las que rezar prioritariamente, y entre los principios que exigir a
un candidato antes de votarle.
La creciente influencia del laicismo y la implacable implantación de la
dictadura de género, así como el compromiso de la Administración Obama con el
negocio del aborto (el célebre "mandato abortista" que ha intentado
acabar, por ejemplo, con la labor social de las Hermanitas de los Pobres) hacen
sentir ya a todos los estadounidenses que uno de los principios sobre los que
se estableció su nación puede desaparecer. Un caso que lo evidencia es el
informe al que hace referencia Leone Grotti en un reciente reportaje
en el semanario católico italiano Tempi:
La "libertad religiosa" seguirá siendo un concepto
«hipócrita» mientras siga siendo «un sinónimo de discriminación,
intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana y
cualquier otra forma de intolerancia». Encontrar frases de este tipo en un
informe oficial de la US Commission on Civil Rights [Comisión Estadounidense de
Derechos Civiles] es, sin duda alguna, noticia.
Un informe sobre derechos civiles... ¡contra la
libertad religiosa!
El glorioso instituto fundado en 1957 y
dirigido por Martin Castro, nombrado personalmente por el presidente
Barack Obama, ha publicado el 7 de septiembre un nuevo informe de 296
páginas con el título Coexistencia pacífica: reconciliar los principios de la no
discriminación con las libertades civiles. Por esta frase se
entiende muy bien cómo piensa llevar a cabo la Comisión esta obra de
reconciliación: basta quitarles a las "personas religiosas"
(léase cristianos) el derecho de disentir con palabras, obras u omisión de
las leyes que imponen los derechos civiles.
Según Castro, «en el pasado, en los Estados Unidos de Norteamérica la religión
fue utilizada para justificar la esclavitud. Ahora vemos que el argumento de la
"libertad religiosa" está volviendo de nuevo a nuestro discurso
político y constitucional con el propósito de minar los derechos de muchos
americanos. Esta generación de americanos debe ponerse en pie y hacer oír su
voz para asegurarse de que la religión ya no se utilice para negar a los
otros la plena promesa de América».
Las conclusiones extremistas y laicistas de Castro están apoyadas por la
totalidad de la Comisión, formada por ocho miembros, con excepción de dos
comisarios, uno de ellos Gail Heriot, docente de Derecho en la
Universidad de San Diego.
«La mayoría de la comisión», ha declarado, «ha cogido un tema complejo y ha
intentado simplificarlo. Simplificarlo demasiado. No son demasiadas las
cuestiones legales y constitucionales que se pueden resumir con el lenguaje
"buenos contra malos"».
Gail Heriot, miembro de la comisión de derechos civiles, ha descrito el
informe sobre la libertad religiosa como una historia de "buenos y
malos" en la que los malos son quienes discrepen de la autoridad.
La Comisión ha ahondado en la historia de las religiones y en el modo como
éstas deberían ser transmitidas a los fieles. Por un lado, «a lo largo de los
siglos, doctrinas religiosas aceptadas en un determinado momento fueron consideradas,
posteriormente, como discriminatorias; las religiones, en consecuencia,
cambiaron»; por el otro, «una doctrina que distingue entre creencias (que deben
ser protegidas) y conducta (que debería ser siempre conforme a la ley) es
más justa y fácil de aplicar».
Por consiguiente los fieles, según la Comisión, deberían convertirse en
esquizofrénicos y dividirse: por una parte estaría aquello en lo que creen, por
la otra lo que hacen. Por ejemplo, «un derecho fundamental importante como la
libertad de casarse no debería estar sometido a un credo religioso». La Iglesia
católica no debería entrometerse.
Ésa es la línea de la actual Administración
La Comisión de derechos civiles depende del gobierno
federal y, de hecho, refleja en todo y para todo el pensamiento de Obama,
como demuestra el caso, que llegó hasta el Tribunal Supremo, de las
religiosas que se negaron a pagar abortos o anticonceptivos a sus
dependientes. La línea de Castro es también la del Partido Demócrata en
los Estados Unidos. .
Como escribe William McGurn en un comentario en el Wall Street Journal,
«la contribución de Castro es tan pésima que es incluso positiva. Porque
confirma que el argumento progresista consiste en insultar a los
americanos que tienen una idea distinta a la suya». Por este motivo, por
ejemplo, la candidata del Partido Demócrata declaró acerca del aborto que «los
códigos culturales, los credos religiosos y los prejuicios estructurales
profundamente enraizados deberán ser cambiados» [«Los gobiernos deben emplear
sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales»,
añadió.]
El cambio quizá se imponga a golpe de sentencias del Tribunal Supremo,
como pasó con el matrimonio gay. Sin embargo, queda el hecho de que la
libertad religiosa sigue estando protegida por la «primera enmienda». Pero
según McGurn, es posible que en un futuro próximo «todos los que no
estén de acuerdo» con la opinión mayoritaria «serán considerados no idóneos»
para expresarse en «la arena pública». En espera quien administrará en lo
futuro a los Estados Unidos, concluye, «es triste ver como la Comisión
americana de derechos civiles borra el primer derecho civil contenido en la
Carta de los derechos».
Artículo publicado originalmente en ReL
La creciente influencia del laicismo y la implacable implantación de la dictadura de género, así como el compromiso de la Administración Obama con el negocio del aborto (el célebre "mandato abortista" que ha intentado acabar, por ejemplo, con la labor social de las Hermanitas de los Pobres) hacen sentir ya a todos los estadounidenses que uno de los principios sobre los que se estableció su nación puede desaparecer. Un caso que lo evidencia es el informe al que hace referencia Leone Grotti en un reciente reportaje en el semanario católico italiano Tempi:
