Una nueva normativa religiosa que entró en vigor el sábado, además, pone obstáculos a cualquier forma de comunión y colaboración con los clérigos y comunidades no oficiales
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| Foto: AFP Photo / Greg Baker |
Las nuevas Medidas administrativas para el personal religiosoexigen
que todos los que cumplan una función religiosa en China se hayan registrado
ante las autoridades y se hayan comprometido con el cumplimiento de la nueva
normativa. Esta incluye el mandato de «amar a la patria, apoyar el liderazgo
del Partido Comunista Chino, apoyar el sistema socialista y respetar la
Constitución, leyes, regulaciones y normas», según informa Crux.
Al mismo tiempo, deben «practicar
los valores fundamentales del socialismo, adherirse al principio de independencia
y autogestión de la religión y a la política religiosa de China, manteniendo la
unidad nacional y étnica, la armonía religiosa y la estabilidad social». Por
ello, deberán resistirse o combatir «las actividades religiosas ilegales» y «la
infiltración por fuerzas extranjeras que utilicen la religión». Entre estas
fuerzas, las autoridades chinas suelen incluir al Vaticano.
Contra la comunión entre clandestinos y
oficiales
Así, la norma puede interpretarse de
forma que no solo deje en una situación totalmente ilegal (en la que ya
estaban, aunque con distintos grados de aplicación) a los sacerdotes y obispos
no registrados o clandestinos, reconocidos por la Santa Sede pero no por
el régimen. Sino
que además obligue a los que sí lo están a «resistirse» a su labor o plantarles
cara. Así, serían ilegales todos los posibles gestos de comunión o colaboración
entre unos y otros.
Esta interpretación está en línea
con el hostigamiento a los católicos clandestinos. Uno de los últimos casos,
informa AsiaNews, es la multa de 25.700 euros impuesta a un
laico de Wenzhou, en Zhejiang, por invitar al obispo no registrado Peter Shao
Zhumin a celebrar Misa en la capilla de su casa. Aunque la construcción tenía
todos los permisos, la Policía lo acusó de «actividades religiosas ilegales»
por acoger a un ministro ordenado «por una institución extranjera», lo que «va
contra el principio de independencia, autonomía y autogestión de la Iglesia en
China».
La nueva normativa de la Administración
Estatal para Asuntos Religiosos se aprobó definitivamente en febrero. Pero fue
publicada por primera vez en noviembre de 2020. Es decir, solo un mes después
de la renovación por dos años más (todavía ad experimentum) del
acuerdo entre la Santa Sede y el China para el nombramiento de obispos. Y entra
en contradicción directa con el objetivo de este. Al menos desde el punto de
vista del Vaticano. Además de normalizar el nombramiento de obispos, Roma
buscaba una forma de construir puentes y reconciliar a los pastores y
comunidades registrados y los no registrados. Algo que ahora se puede
considerar ilegal.
Otras restricciones
Por otro lado, la nueva norma
contempla que el personal religioso sea incluido en una base de datos nacional
con información personal sobre cada uno de los clérigos o religiosos, con
información sobre si su ministerio está en vigor o ha sido revocado. Incluirá
también los reconocimientos o castigos que hayan recibido. La información
podría incluso extenderse en su momento a la obtenida por los incipientes
sistemas de crédito social. Estos proyectos que recogen información sobre
buenos y malos comportamientos sociales de los individuos y pueden terminar
facilitando o dificultando el acceso a determinados servicios.
Otras restricciones a la libertad religiosa de los católicos impuestas en los últimos años incluyen la negativa a la petición del Vaticano de establecer algún tipo de sede en Pekín o el cierre de orfanatos gestionados por religiosas. Además, según este portal, se aplica de forma más estricta la prohibición de que los menores de 18 años acudan a Misa y otras actividades religiosas.
María Martínez López
Fuente: Alfa y Omega
